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El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Juan José Sánchez Luque, entidad que agrupa a 32.000 galenos colegiados en la comunidad, reclamó hoy que el proyecto de Ley de Muerte Digna incluya la objeción de conciencia del facultativo a la hora de tratar a un paciente terminal, ya que, según opinó, "ninguna norma, por importante que ésta se crea, puede obligar a un médico a llevar a cabo actos que contravengan su criterio deontológico o de la praxis médica".
Durante su intervención en la Comisión de Salud de la Cámara autonómica, en una jornada en la que han sido los agentes sociales quienes han formulado sus posicionamientos respecto al trámite de esta ley, Sánchez Luque lamentó que en el apartado de la objeción de conciencia "el legislador no ha sido justo con la clase médica".
Así, aludió al "margen de libertad" que todo profesional debe de tener respecto a este tipo de actos médicos vinculados al proceso final de la muerte y defendió que, "incluso cuando era obligatorio el servicio militar, se recogía la figura del objetor de conciencia".
"Creo que el artículo 18 de la ley ignora la objeción de conciencia del médico ante decisiones verdaderamente trascendentes", recalcó el dirigente colegial, quien dudó igualmente de la necesidad de habilitar un régimen de sanciones en aquellos casos en los que se pudiera practicar un encarnizamiento terapéutico --una praxis que estaría castigada con esta ley--, tras sostener que "las reclamaciones que han puesto los pacientes o sus familiares a actos médicos jamás han sido por un encarnizamiento terapéutico".
De hecho, declaró que "al contrario" de lo que se pudiese pensar "los familiares de los pacientes nos piden prolongar la vida a veces en ocasiones límite", si bien zanjó cualquier atisbo en este apartado al asegurar que "los médicos andaluces no hacemos encarnizamiento terapéutico".
Aún con todo, quiso dejar claro que el colectivo médico al que representa "respeta" el que estos pacientes "se deriven a otros servicios o profesionales" para que le den respuesta.
APOSTAR POR MÁS UNIDADES DEL DOLOR
Sánchez Luque, quien también planteó como interrogante la necesidad de una ley autonómica, opinó que hubiese sido "mejor" una ley estatal, apostó por desarrollar nuevos recursos o reforzar los ya existentes. Así, abogó por incrementar las unidades contra del dolor, y la medicina paliativa.
En relación a este punto, mostró su "sorpresa" de que "haya desaparecido el establecimiento de un plazo de 24 meses para la adaptaciones de la infraestructuras sanitarias a la atención que recibirán los andaluces con la nueva ley", toda vez que advirtió que la situación actual en recursos "dista mucho de la aconsejable".
"Hay dificultades de ese necesario confort, ausencia de habitaciones individuales y también se produce la derivación de estos pacientes a otros centros sanitarios, porque los hospitales públicos no les dan respuesta ni siquiera para un ingreso", argumentó.
REFORZAR LA FIGURA DE LOS COMITÉS ÉTICOS
En los casos en los que pueda existir una discrepancia entre el enfermo y sus familiares con la decisión del médico, explicó que entran en juego los comité de ética hospitalarios. "Estamos de acuerdo en que estos comité sean los que diriman este tipo de cuestiones y, en última instancia, los tribunales". De hecho, pidió que en estos comités estén también representados miembros de los colegios de profesionales, además de especialistas en bioética.
En cuanto al régimen sancionador, admitió que se ha avanzado en ese aspecto, recordó que ya se ha obviado la cuantía de un millón de euros por vulnerar la norma. Aunque mostramos su extrañeza, ya que nos preguntamos quienes son
QUE NO PREVALEZCA EL CRITERIO DE LOS MENORES
Por su parte, el presidente del Sindicato Médico de Sevilla, Antonio Gutiérrez, señaló que los artículos sobre el consentimiento informado, los cuidados paliativos y la declaración de voluntad vital anticipada plasman aspectos que podrían ser "mejorables" y se mostró en desacuerdo en que los mayores de 16 años y menores de 18 "puedan tomar decisiones --vinculantes-- de tal calibre". Por ello, pidió que el criterio de este grupo poblacional "al menos no prevaleciese sobre el de los médicos y sus tutores".
Además, tildó de "chocante" que el paciente "no participe en su situación de capacidad y grado de discernimiento" e indicó que este apartado "nos parece que no queda suficientemente aclarado".
ARBITRAR UNA FÓRMULA INTERMEDIA EN LA OBJECIÓN
En cuanto a la objeción de conciencia, se mostró de acuerdo en que "ningún médico imponga sus valores al enfermo", si bien pidió también el mismo nivel de libertad, por lo que lamentó el que el médico "no pueda objetar por motivos éticos o religiosos".
"Hay que arbitrar una fórmula que arbitre el derecho que asisten a ambos", esbozó. En lo referido a la limitación del esfuerzo terapéutico, dijo que "deben ser exclusivamente los médicos" los que tomen esta decisión y no otros profesionales sanitarios.
Por su parte, la enfermera Rosario García Juárez, de la Asociación de Enfermeras de Hospitales de Andalucía (ASENHOA), defendió que esta ley supondrá un "avance", pero señaló que dicha norma "es sin duda mejorable".
Así, echó en falta "una reglamentación de las tareas del enfermero en el proceso de la muerte" y ello, "pese a que somos los que permanecemos con el enfermo las 24 horas del día".
Finalmente, el vicepresidente de la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente, Fernando Marín Olaya, quien excusó la presencia prevista para esta tarde en esta comisión del doctor Luis Montes "por motivos laborales", reprochó la actitud de la orden hospitalaria San Juan de Dios en Granada por el tratamiento que se le dispensó a Inmaculada Echeverría y esbozó algunas mejora terminológicas de cara a que personas con ELA, alzheimer con testamento vital realizado o en estado vegetativo "no se vena excluidas" de la nueva norma.
POSICIONAMIENTOS POR ESCRITO
Pese a que a esta comparecencia estaba prevista la participación de casi una veintena de agentes sociales, muchas de ellas mostrarán su posicionamiento por escrito.
Este es el caso de los sindicatos UGT, CCOO, CSIF o sindicato de Enfermería Satse y asociaciones como Samfyc o la Asociación Profesional de la Magistratura, entre otros.
Durante su intervención en la Comisión de Salud de la Cámara autonómica, en una jornada en la que han sido los agentes sociales quienes han formulado sus posicionamientos respecto al trámite de esta ley, Sánchez Luque lamentó que en el apartado de la objeción de conciencia "el legislador no ha sido justo con la clase médica".
Así, aludió al "margen de libertad" que todo profesional debe de tener respecto a este tipo de actos médicos vinculados al proceso final de la muerte y defendió que, "incluso cuando era obligatorio el servicio militar, se recogía la figura del objetor de conciencia".
"Creo que el artículo 18 de la ley ignora la objeción de conciencia del médico ante decisiones verdaderamente trascendentes", recalcó el dirigente colegial, quien dudó igualmente de la necesidad de habilitar un régimen de sanciones en aquellos casos en los que se pudiera practicar un encarnizamiento terapéutico --una praxis que estaría castigada con esta ley--, tras sostener que "las reclamaciones que han puesto los pacientes o sus familiares a actos médicos jamás han sido por un encarnizamiento terapéutico".
De hecho, declaró que "al contrario" de lo que se pudiese pensar "los familiares de los pacientes nos piden prolongar la vida a veces en ocasiones límite", si bien zanjó cualquier atisbo en este apartado al asegurar que "los médicos andaluces no hacemos encarnizamiento terapéutico".
Aún con todo, quiso dejar claro que el colectivo médico al que representa "respeta" el que estos pacientes "se deriven a otros servicios o profesionales" para que le den respuesta.
APOSTAR POR MÁS UNIDADES DEL DOLOR
Sánchez Luque, quien también planteó como interrogante la necesidad de una ley autonómica, opinó que hubiese sido "mejor" una ley estatal, apostó por desarrollar nuevos recursos o reforzar los ya existentes. Así, abogó por incrementar las unidades contra del dolor, y la medicina paliativa.
En relación a este punto, mostró su "sorpresa" de que "haya desaparecido el establecimiento de un plazo de 24 meses para la adaptaciones de la infraestructuras sanitarias a la atención que recibirán los andaluces con la nueva ley", toda vez que advirtió que la situación actual en recursos "dista mucho de la aconsejable".
"Hay dificultades de ese necesario confort, ausencia de habitaciones individuales y también se produce la derivación de estos pacientes a otros centros sanitarios, porque los hospitales públicos no les dan respuesta ni siquiera para un ingreso", argumentó.
REFORZAR LA FIGURA DE LOS COMITÉS ÉTICOS
En los casos en los que pueda existir una discrepancia entre el enfermo y sus familiares con la decisión del médico, explicó que entran en juego los comité de ética hospitalarios. "Estamos de acuerdo en que estos comité sean los que diriman este tipo de cuestiones y, en última instancia, los tribunales". De hecho, pidió que en estos comités estén también representados miembros de los colegios de profesionales, además de especialistas en bioética.
En cuanto al régimen sancionador, admitió que se ha avanzado en ese aspecto, recordó que ya se ha obviado la cuantía de un millón de euros por vulnerar la norma. Aunque mostramos su extrañeza, ya que nos preguntamos quienes son
QUE NO PREVALEZCA EL CRITERIO DE LOS MENORES
Por su parte, el presidente del Sindicato Médico de Sevilla, Antonio Gutiérrez, señaló que los artículos sobre el consentimiento informado, los cuidados paliativos y la declaración de voluntad vital anticipada plasman aspectos que podrían ser "mejorables" y se mostró en desacuerdo en que los mayores de 16 años y menores de 18 "puedan tomar decisiones --vinculantes-- de tal calibre". Por ello, pidió que el criterio de este grupo poblacional "al menos no prevaleciese sobre el de los médicos y sus tutores".
Además, tildó de "chocante" que el paciente "no participe en su situación de capacidad y grado de discernimiento" e indicó que este apartado "nos parece que no queda suficientemente aclarado".
ARBITRAR UNA FÓRMULA INTERMEDIA EN LA OBJECIÓN
En cuanto a la objeción de conciencia, se mostró de acuerdo en que "ningún médico imponga sus valores al enfermo", si bien pidió también el mismo nivel de libertad, por lo que lamentó el que el médico "no pueda objetar por motivos éticos o religiosos".
"Hay que arbitrar una fórmula que arbitre el derecho que asisten a ambos", esbozó. En lo referido a la limitación del esfuerzo terapéutico, dijo que "deben ser exclusivamente los médicos" los que tomen esta decisión y no otros profesionales sanitarios.
Por su parte, la enfermera Rosario García Juárez, de la Asociación de Enfermeras de Hospitales de Andalucía (ASENHOA), defendió que esta ley supondrá un "avance", pero señaló que dicha norma "es sin duda mejorable".
Así, echó en falta "una reglamentación de las tareas del enfermero en el proceso de la muerte" y ello, "pese a que somos los que permanecemos con el enfermo las 24 horas del día".
Finalmente, el vicepresidente de la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente, Fernando Marín Olaya, quien excusó la presencia prevista para esta tarde en esta comisión del doctor Luis Montes "por motivos laborales", reprochó la actitud de la orden hospitalaria San Juan de Dios en Granada por el tratamiento que se le dispensó a Inmaculada Echeverría y esbozó algunas mejora terminológicas de cara a que personas con ELA, alzheimer con testamento vital realizado o en estado vegetativo "no se vena excluidas" de la nueva norma.
POSICIONAMIENTOS POR ESCRITO
Pese a que a esta comparecencia estaba prevista la participación de casi una veintena de agentes sociales, muchas de ellas mostrarán su posicionamiento por escrito.
Este es el caso de los sindicatos UGT, CCOO, CSIF o sindicato de Enfermería Satse y asociaciones como Samfyc o la Asociación Profesional de la Magistratura, entre otros.
Salvador Guijo¨Pérez
